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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013) y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006). Esta iniciativa busca alinear estas normativas con el artículo 49 de la Constitución Española y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Objetivos de la consulta
La consulta tiene como objetivo recoger las opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones afectadas sobre los siguientes aspectos:
- Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
- Necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Objetivos de la norma.
- Posibles soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias.
Antecedentes
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, ha sido un hito significativo en la promoción de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. La adaptación de esta convención al derecho español se realizó a través de la Ley 26/2011 y el Real Decreto 1276/2011, culminando en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Problemas a solucionar
La norma propuesta busca:
- Establecer una coordinación normativa para asegurar la seguridad jurídica en materia de discapacidad.
- Adaptar la legislación vigente a las modificaciones introducidas por el nuevo artículo 49 de la Constitución y la Convención.
Necesidad y oportunidad
La aprobación de esta modificación es necesaria para cumplir con los mandatos legales del nuevo artículo 49 de la Constitución Española y con los requerimientos de la Convención Internacional.
Objetivos específicos
- Garantizar la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en entornos accesibles.
- Intensificar la protección de la integridad de las personas con discapacidad.
- Mejorar la protección de mujeres e infancia con discapacidad.
- Garantizar la accesibilidad universal como un derecho.
- Proyectar una imagen positiva de las personas con discapacidad.
- Mejorar el procedimiento sancionador en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
- Utilizar multas para financiar programas de promoción de la accesibilidad universal.
- Crear un registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.
- Promover la igualdad de oportunidades ante la inteligencia artificial.
- Fomentar un modelo de protección social que respete la voluntad y preferencias de las personas en situación de dependencia.
Soluciones alternativas
Las alternativas regulatorias consideradas incluyen:
- Modificar la Ley 39/2006 para adaptarla a la legislación vigente.
- Aprobar una nueva ley y derogar la anterior.
No se han planteado soluciones no regulatorias, ya que la modificación de una ley requiere una disposición normativa del mismo rango jerárquico.
La estrategia española sobre discapacidad 2022-2030 la encontrarás en esta web
Participación pública
La consulta estará abierta durante quince días naturales, y las opiniones pueden enviarse al buzón de correo electrónico: tecnico-juridico.vpsocial@dsca.gob.es. Solo se considerarán las respuestas en las que la persona remitente esté identificada.
Para más detalles, puedes consultar el documento completo en el Portal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 o aquí mismo.
